Una oficina moderna, vidriada y muy luminosa en el piso 25 del Palacio Municipal, justo arriba del renovado mirador panorámico, parada obligada para cualquier turista que se atreva a pisar la capital uruguaya. Una oficina a la que se llega tras tomar un ascensor hasta el piso 10, caminar unos metros, doblar por un pasillo y subir a otro ascensor que —misterios del laberíntico edificio de la Intendencia de Montevideo (IMM)— va hasta un supuesto “piso 14” aunque en realidad es el 25. Una oficina donde hay un cuadro del Palacio Salvo arriba del escritorio. Y donde allá a lo lejos se aprecia el maravilloso Palacio Díaz, de arquitectura manhattaniana, cercana al art déco, que está por cumplir 100 años.
En esta oficina trabajará hasta los primeros días de julio el director de Planificación, Luis Oreggioni, quien recibe a El País junto al director de la unidad de Protección del Patrimonio Ernesto Spósito y el gerente de Planificación Territorial Marcelo Roux. Desde este lugar se dirigió el largo proceso del Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y Áreas de Proximidad, que llevó seis años de idas y vueltas y regula los niveles de protección de edificios y espacios urbanos del Centro, Cordón, parte del Parque Rodó y Tres Cruces.
Aquí abajo se puede recorrer un mapa interactivo y mirar los diferentes grados de protección de cada inmueble.
Mapa: El País en base a datos abiertos de la Intendencia de Montevideo.
Se trata de un inventario que busca proteger el Centro tras unos años en los que se han construido muchos edificios nuevos gracias a las exoneraciones planteadas por la ley de vivienda promovida. Se construyó y se demolió mucho también, claro.
Por eso algunos activistas y expertos del tema patrimonio creen que se llega demasiado tarde.
De hecho, es un inventario largamente reclamado por ellos pero también por arquitectos e incluso constructores, que quieren reglas claras (ver recuadro más abajo).
Para hacerse una idea: el inventario de la Ciudad Vieja, algo así como un laboratorio en el tema y el primero que existió en Montevideo, es de 1983, creado en dictadura por la IMM y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y con el empuje de Mariano Arana, Antonio Cravotto y Miguel Ángel Odriozola, alarmados por la demolición o transformación de muchos edificios históricos de gran valor. Luego vinieron tres versiones posteriores de ese mismo inventario. También llegaron los inventarios de Carrasco, Prado, Reus al Norte y Barrio Sur (y están en vías de ser aprobados los de Pocitos, Colón, el segundo de Barrio Sur, otro más de Ciudad Vieja). Además, se crearon 10 áreas patrimoniales en cuatro décadas.
En mayo el inventario del Centro fue votado por la junta departamental tras un proceso que empezó en 2019 cuando Christian Di Candia era intendente y se acababa de demoler el Palacio Shaw en la calle Soriano, exsede del Club Naval, lo que despertó una gran polémica pública. La hermosa propiedad, construida en 1925 por Humberto Pittamiglio, no contaba con protección patrimonial y en su lugar se levantó un moderno edificio de viviendas de esos de color oscuro, de línea minimalista escandinava, que ahora están de moda.
En aquel momento la IMM decretó una “cautela” —mientras se elaboraba el inventario— para detener las demoliciones de edificios que tenían valor.
Porque en toda la zona comprendida por este inventario solo había unos 120 padrones protegidos, por ser Bien de Interés Departamental o Municipal (declarados por la IMM) y en algunos casos también Monumento Histórico Nacional declarados por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. También había algunos padrones resguardados en un área de 18 de Julio que estaba protegida.
En este grupo de inmuebles que en teoría ya tenían protección entra, por ejemplo, el abandonado edificio del Jockey Club en 18 de Julio casi Andes, el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, el Palacio Lapido en 18 y Wilson Ferreira, el Rex en la esquina con Julio Herrera y Obes, el cine Plaza y el Central en la Plaza Cagancha, el Mercado de la Abundancia en la calle San José, el mencionado Palacio Díaz en 18 de Julio casi Ejido, el Banco de Seguros en Libertador o el edificio del diario El Día en 18 de Julio y Yaguarón, reconvertido en sala de juegos, entre tantos otros.
En total la IMM relevó 410 manzanas y 8.773 padrones, por lo que es el inventario más grande de todo el país (en Ciudad Vieja eran unos 2.000 padrones). De ellos, más de la mitad, 4.934, quedaron en el régimen patrimonial, lo que incluye cuatro grados distintos de protección: 0 (sustitución deseable por ser un inmueble con “valores arquitectónicos o urbanísticos negativos”), 1 (sustitución posible del edificio o que puede ser sometido “a una significativa reformulación”), 2 (protección ambiental, es decir un edificio que “puede ser modificado conservando o mejorando su relación con el ambiente y manteniendo sus elementos significativos”), 3 (protección estructural, un edificio que “debe ser conservado mejorando sus condiciones de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración, sus elementos significativos y sus características ambientales”) y 4 (protección integral, un edificio “de valor excepcional que debe ser conservado integralmente” y en el que solo se iten “apropiadas y discretas incorporaciones de elementos de acondicionamiento”).
Más de la mitad de los padrones incorporados en el régimen patrimonial, 2.932, están en los tres grados en los que se aconseja la protección: 2.302 del grado dos, 576 del grado tres y solo 54 del grado cuatro.
Pero, ya veremos, que los edificios tengan protección no siempre significa que estén bien cuidados. Y una cosa es el grado cuatro y otra el grado dos, donde incluso es posible demoler la propiedad si la IMM lo autoriza al entender que lo que se propone es mejor que la construcción existente.
La espera por el inventario del Centro
El Centro, justo el Centro, tuvo que esperar varias décadas antes de tener su inventario.
Los únicos antecedentes habían sido un trabajo hace 30 años del arquitecto Julio Gaeta y en 2017 un relevamiento en una materia de la facultad.
—¿Por qué se demoró tanto?
El que responde primero es Oreggioni, en la oficina del piso 25 (o 14):
—La demora no es en términos absolutos, sino en términos relativos, en cómo la sociedad va cambiando. No hay que olvidarse que la construcción en el Centro empezó a activarse con la ley de vivienda promovida. Por eso apareció la presión para hacer edificios, sustituyendo construcciones que tenían valor. Y eso disparó preocupaciones institucionales, la construcción de una sensibilidad. Pero siempre habrá una casa valiosa en algún lugar de la ciudad, que si no tiene la protección patrimonial, no way... La IMM no se puede regir por el parecer, sino a través de normas. Entonces dicen “ay que horrible, se demolió tal casa”. Sí, hay casos en los que es penoso, pero forman parte de las dinámicas democráticas.
—Porque el patrimonio es dinámico —agrega Spósito—, siempre estamos valorando cosas que antes no valorábamos.
—Hay un tema de cambio cultural.
—En 1998 —sigue Spósito—, cuando se hizo el plan de ordenamiento territorial, se dijo: 18 de Julio merecería ser área patrimonial y, de hecho, unos años después fue declarada en el tramo de Plaza Independencia hasta Barrios Amorín. En ese momento no existió la convicción para decidir que el resto del Centro también estuviera protegido.
Oreggioni vuelve a un tema clave: en el nacimiento de los inventarios suele haber atrás “desarrollo constructivo” que “presiona con demoliciones”. Hay lógicas económicas.
De eso no tiene dudas Erich Schaffner, presidente de la asociación Patrimonio Activo, quien dice por teléfono a El País que hay “décadas” de retraso en el Centro. Que recién ahora se avance en la catalogación “evidencia una preocupante falta de voluntad política sostenida durante años, probablemente por la presión de intereses inmobiliarios que han buscado limitar la protección patrimonial para facilitar nuevas construcciones de mayor rentabilidad”, afirma. Esta omisión prolongada no es casual, sostiene Schaffner, sino que responde a un modelo de desarrollo urbano que “priorizó el rédito a corto plazo por sobre el legado arquitectónico y cultural de la ciudad”.
La ciudadanía, insiste el activista, fue la que inició este proceso, ya sea Patrimonio Activo como Ghierra Intendente y distintos arquitectos y ciudadanos organizados, que llevaron adelante un relevamiento artesanal de casi 11.000 padrones en toda esta zona, donde se concluyó que solo el 30% merecía ser conservado.
Ese relevamiento luego fue compartido en el proceso del inventario de la IMM y algunas sugerencias han sido tenidas en cuenta por el gobierno departamental. “Decíamos ‘esto vale la pena’, ‘esto necesita arreglo’, ‘esto puede irse’”, contó Alfredo Ghierra en una reciente entrevista con El País.
Schaffner va un paso más y denuncia una serie de “escandalosas demoliciones” recientes en el Centro, semanas antes de votar el inventario en la junta departamental, “y no son casualidades”, dice. Un ejemplo: en Ejido y Uruguay había dos construcciones, una de inicios de 1900 y otra de 1860, que se demolieron por completo, y él cree que la intendencia al menos debió promover la preservación de las fachadas.
Willy Rey, exdirector de la Comisión del Patrimonio Cultural, hace una pausa en un viaje por España para hablar del tema. Más diplomático que Shaffner, dice que es “acertado” y “bienvenido” el inventario y que, si las autoridades lo respetan y no hay “excepciones innecesarias”, será “bueno” para una zona de la ciudad donde hay “piezas únicas”. Pero también opina que esto “llega tardísimo” porque “una parte muy importante de los bienes del Centro ya han sido demolidos o muy transformados”. ¿Por qué pasó esto? “A la intendencia muchas veces le conviene generar más suelo construido porque aumentan las contribuciones inmobiliarias, pero más allá de eso ha faltado una mirada de corte ambiental, más que patrimonial; es decir, hay que mirar el conjunto, más que casa por casa”.
Aún más cauto, el arquitecto Pablo Canén, magíster en ordenamiento territorial, reconoce que “hubiera sido deseable tener antes este inventario” pero no está de acuerdo con la “visión catastrofista” y explica que Montevideo fue avanzando primero en zonas que estaban “en más urgente proceso de degradación”. Sostiene que en Uruguay falta poner al patrimonio “en las agendas de primer orden político”, lo que implica asignar los recursos y las competencias necesarias. Para eso tira un dato: el departamento de Planificación es uno de los que tiene el presupuesto más bajo de toda la IMM.
Inventario del Centro: paso a paso
¿Pero qué es un inventario? Básicamente un instrumento de ordenamiento territorial. O sea, traduce Spósito, “te permite saber qué hay en un territorio y cómo lo valorás” para decidir la protección patrimonial.
El proceso tuvo tres grandes etapas. Primero la preparación, la organización de los equipos y el trabajo de campo, es decir, salir a relevar. Esa tarea se hizo con un equipo de unas 20 personas: recorrieron manzana por manzana “catalogando, yendo a buscar los antecedentes, la historia”. Un trabajo de hormiga.
La segunda etapa, confeccionar los documentos técnicos: memorias de 1.500 páginas. Y la tercera etapa, antes de enviar la documentación a los ministerios de Vivienda y Ambiente, fue el proceso de participación con audiencias públicas y o con organizaciones. “Ellos presentaron información que tenía valoraciones propias; todo fue revisado, cotejado y evaluado”, cuenta Marcelo Roux.
El inventario aprobado por la junta incluye tres áreas patrimoniales (18 de Julio, Centro norte y Centro Sur), conjuntos urbanos protegidos, tramos, espacios, campos visuales y diferentes edificios por fuera de las tres áreas mencionadas.
En los hechos, una larga lista de bienes pasaron a estar protegidos con este inventario.
Por solo nombrar algunos pocos, veamos ejemplos de propiedades con grado tres: el excine Radio City en Héctor Gutiérrez Ruiz (donde funcionó la iglesia neopentecostal Dios es Amor, un edificio del arquitecto Rafael Ruano con relieve exterior y mural interior de José Belloni), el Palacio Delucchi en Paraguay y San José (de Carlo Ceschino, se terminó de construir en 1891 y sus interiores son de película; de hecho, allí se filmaron entrevistas en el reciente documental de Ghierra), la residencia Carvallido en Paraguay y Mercedes (de 1904, es obra del arquitecto Horacio Acosta y Lara), el Circolo Napolitano en Soriano y Zelmar Michelini (abandonado hace décadas y construido entre 1900 y 1920), la casa del Partido Colorado en Andrés Martínez Trueba, el Club Libanés en la calle Convención, la Confitería Oro del Rhin también en Convención, la Escuela República de Chile en la calle Maldonado y el Palacio Sanguinetti en 18 de Julio y Julio Herrera y Obes. Con grado dos aparecen entre tantos otros el edificio donde funciona la redacción de El País (de De los Campos Puente Tournier, una obra de 1934), el edificio Max Glücksmann en 18 de Julio y Río Branco, el edificio de Martinelli en la calle Soriano, el Teatro Astral y Asociación Zhitlovsky en Durazno y la Torre El Gaucho de Walter Pintos Risso en 18 de Julio y Constituyente.
Con el inventario, se creó una comisión especial permanente, órgano asesor integrado por organizaciones relacionadas al patrimonio, a los temas de la zona y vecinos. Es como un seguro social, “un conjunto de ojos” apreciando las transformaciones significativas.
Constructores conformes: hay reglas claras
La arquitecta Elena Svirsky, de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, dice que es “maravilloso” que se haya aprobado el inventario y que, de hecho, “hace años” que los constructores lo estaban pidiendo porque querían “reglas claras” para tener seguridad: “Antes comprabas un terreno y muchas veces aparecían vecinos movilizándose para que una casa no se demoliera porque tenía valor patrimonial, pero la inversión ya estaba hecha”. Con el inventario, “el promotor sabe lo que se puede hacer y lo que no”. La arquitecta opina que la ley de vivienda promovida valorizó los barrios, porque atrás de la construcción nueva “viene el proveedor, el almacenero de la esquina, el portero”.
Sanciones y controles a los edificios patrimoniales
El problema es que las figuras de protección patrimonial, los inventarios, no aseguran el buen cuidado de los bienes.
Dice Oreggioni:
—Ayudan a no perder. Pero catalogar no alcanza, hay que aprobar estímulos para la inversión, como se hizo el año pasado en Ciudad Vieja.
Existe un ejemplo emblemático, el Hotel Nacional en la rambla portuaria, abandonado hace medio siglo, declarado Monumento Histórico Nacional en 1996 y comprado años después por Tsakos para desarrollar un proyecto que nunca se concretó.
—La empresa está dejando que el inmueble se deteriore. Tuvimos muchas reuniones con los propietarios para buscar mecanismos, hubo interesados en comprar. Están los derechos del privado, los derechos de la istración y el interés público, colectivo.
—La empresa ha recibido una serie de multas incrementales —dice Roux.
—Es una multa constante. Un recargo a la contribución inmobiliaria —explica Spósito.
Y no es el único inmueble en esa situación. Hay un proceso de deterioro en la Ciudad Vieja, dice Oreggioni, a pesar de que existen mecanismos de protección patrimonial.
—Parece un contrasentido. El problema es: ¿quién quiere ir a vivir a Ciudad Vieja? ¿Quién quiere restaurar una casa ahí? ¿Qué estímulos existen?
En el Centro el edificio del histórico Jockey Club, comprado en 2016 por el grupo hotelero Pestana, también luce abandonado pero según Oreggioni no es tan así.
—Ellos tienen el capital para cuidar ese bien; pueden gestionar sus exoneraciones de contribución inmobiliaria en la medida que cuiden el edificio.
Ahora, ¿cómo controla la intendencia? Hay sanciones por falta de mantenimiento u obras sin permiso en el patrimonio departamental. Son multas o recargos en contribución inmobiliaria que van desde 10 a 227 unidades reajustables (18.200 a 416.000 pesos al valor actual).
La IMM tiene un cuerpo de 45 inspectores especializados en temas patrimoniales que hacen recorridas aleatorias. Incluso usan Google Earth, con sus fotos satelitales, para advertir las transformaciones. Pero eso no implica que estén al tanto de todas las irregularidades: son casi 30.000 padrones protegidos en todo Montevideo.
—¿Y aplican multas?
—Todos los días —dice Spósito.
—Pero si alguien no cuida la propiedad patrimonial, ¿se la pueden sacar?
—El mecanismo es la expropiación pero implica disponer del dinero en valor de mercado. Pero no tenemos los recursos —confiesa Oreggioni—. Sería buenísimo tenerlos para recuperar todos los monumentos históricos mal mantenidos.
Palacio Díaz: 18 de julio casi Ejido
“Es un edificio entre medianeras y juega con el retranqueo de los volúmenes ascendentes como si fuera un rascacielo de Manhattan pero petiso con un componente art déco”, dice el arquitecto Pablo Canén.
Sucursal 19 de junio del BROU en 18 de Julio
“Edificio formidable, muy de la sensibilidad norteamericana de la época y bastante atípico para Montevideo”, dice Marcelo Roux de la IMM. “El proyecto es de la década de 1950 pero se inaugura cerca de 1970”.
Sanatorio 1 del Casmu en Colonia y Arenal Grande
“Es un edificio moderno. Lo conocí desde mi más tierna infancia como y después estudiando arquitectura me cayó la ficha de su valor extraordinario”, afirma Ernesto Spósito, director de la IMM.
Residencia Carvallido en Paraguay y Mercedes
“Son muchísimos los padrones de valor pero hay piezas únicas. Un ejemplo es la casa del arquitecto Acosta y Lara. Hoy está tapiada y corre riesgo de irse. Espero que el inventario llegue a tiempo”, dice Willy Rey.
Palacio Salvo en Plaza Independencia
“Tengo un fetiche particular”, afirma Luis Oreggioni de la IMM. “Es un edificio que ha sido motivo de polémica y eso le da un valor especial. Es como una ciudad pequeña, parte de nuestra identidad”.
Palacio Delucchi en Paraguay y San José
“Es una de las mejores residencias que se construyeron en Montevideo a finales del siglo XIX”, dice Erich Schaffner. El inventario la preveía con grado 2 pero Ghierra hizo ver que, por su interior, merecía ser grado 3.
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