El Consejo Directivo Central (Codicen) de la istración Nacional de Educación Pública (ANEP), encabezado por Pablo Caggiani, comenzó a analizar los lineamientos de cara al presupuesto quinquenal 2025- 2030. El máximo ámbito educativo dio vista aun documento, al que accedió El País, que contiene “seis lineamientos estratégicos” para los subsistemas (Inicial y Primaria, Secundaria y UTU).

El borrador —al que luego se le podrían incorporar las sugerencias realizadas por cada subsistema—, con fecha del 23 de mayo, establece como primer lineamiento “garantizar el derecho a una educación para todas las personas”. Para ello, no solo se apuesta a la “permanencia, asistencia y revinculación”, sino también a extender la universalización de la educación "hacia los tres años", tal como informó El País. Se incluye en este punto desde becas a la ampliación del tiempo pedagógico.

El segundo lineamiento estratégico marcado es “mejorar los aprendizajes desde una perspectiva integral basada en los derechos humanos”. Con esta meta, se apuesta a una mejora en Matemática, Lengua y Ciencias que “apunten a la superación de las brechas socioeconómicas”. También se incluye el aprendizaje en “convivencia, género, educación sexual integral e inclusión de niños en discapacidad”, para el “bienestar” de los alumnos.

El tercer lineamiento de ANEP son las “políticas para la profesionalización de la enseñanza”. No solo apuntan a la “formación” de educadores y directores, que “tengan en cuenta información local y territorial a partir de sistemas informáticos actualizados”. En este punto, además, se habla de “las acciones hacia la construcción de una cultura universitaria”. Es de destacar que el Frente Amplio ya presentó un proyecto de ley para crear una Universidad de la Educación (UNED).

El cuarto lineamiento refiere a la “descentralización de las políticas educativas en los territorios”. En este punto, se plantea la “articulación” a nivel de ANEP, como con otros organismos públicos, para llegar a un sistema educativo “integrado”, que derive en un “uso más eficiente de la existencia actual de locales, de los recursos y de las propuestas”, para lo cual se tomarán datos del Censo 2023.

El quinto lineamiento fijado en el documento que está estudio de los subsistemas refiere a “un gobierno democrático de la educación y participación ciudadana”. En este sentido, y siguiendo la línea del Compromiso de Política Educativa Nacional, se considera “fundamental incorporar la participación de estudiantes, docentes, familias y comunidad en cada centro educativo”. Así como también “dotar a los centros educativos de ANEP de condiciones suficientes para la creación de comunidades con independencia en el marco de políticas educativas nacionales e integrales”.

La istración adelantó que se van a impulsar “políticas de descentralización que transfieran algunas decisiones a las comunidades educativas en cada territorio en dimensiones tales como la definición de propuestas educativas y las adaptaciones curriculares que se entiendan necesarias”.

“Lo anterior incluye la coordinación, articulación y planificación entre centros de diferentes niveles educativos y distintas instituciones, así como de organismos gubernamentales nacionales, departamentales y locales”, se acotó.

Otro aspecto refiere a la búsqueda de “racionalización” y “transparencia” de la información, para lo cual se apuesta a la “integración” de los sistemas de información de la educación pública, de todos los niveles, así como de la educación privada, para hacer una “rendición de cuentas al conjunto de la población”.

El sexto lineamiento refiere a un “fortalecimiento de la gobernanza del sistema”, para lo cual se apuesta a “grandes acuerdos sociales y partidarios” en materia educativa. En el nuevo sistema proyectado “se deberá incluir no solamente la participación de los docentes y la restitución de los consejos, sino plantear formas de gobernanza que estén de acuerdo con esta nueva insitucionalidad”.

El documento citado no habla de un porcentaje presupuestal específico, pese a que desde hace una década persiste el reclamo de los sindicatos educativos de alcanzar un 6% del PIB para la educación + 1% para Ciencia. Esta meta aún no se ha cumplido, pero es uno de los objetivos que el Frente Amplio trazó en sus bases programáticas.