Redacción El País
El exsupervisor general y exgerente del Departamento de Control y Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Gustavo Misa, salió al cruce de algunos cambios que propone el gobierno de Yamandú Orsi a la ley Integral contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Para Misa el cambio propuesto particularmente con las fiscalías es "una receta que no funcionó en el pasado".

El gobierno de Orsi envió al Poder Legislativo un proyecto de ley que establece algunos cambios al combate al lavado de activos como bajar el tope para las transacciones en efectivo a unos US$ 40.000 y la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

En un posteo en su perfil de LinkedIn, Misa se refirió a "la posible eliminación de la Fiscalía Especializada" creada por la ley 20.075.

"De aprobarse este cambio, se modificaría una vez más la competencia del organismo encargado de liderar las investigaciones económico financieras necesarias para detectar maniobras de lavado de activos, que permitan eventualmente desbaratar organizaciones criminales, condenando a los responsables y decomisando los bienes productos del delito", escribió el ex integrante de la Senaclaft.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Misa recordó que "hasta fines del 2017 las Fiscalías especializadas en Crimen Organizado eran las únicas que tenían competencia en materia de lavado de activos a nivel nacional y a partir de fines de ese año, se asignó competencia en la materia, a las Fiscalías Penales de Montevideo de Estupefacientes y de Delitos Económicos y Complejos y a las Fiscalías Penales del Interior".

"Luego a fines del año 2021 se le otorgó competencia a nivel nacional a las Fiscalías Penales de Montevideo de Estupefacientes (ley 19.996), hasta fines del 2022, en donde como dijimos se creó la Fiscalía Especializada", añadió.

"Evidentemente lo antes relacionado pueda y seguramente sea una de las posibles explicaciones (entre otras varias) a los magros resultados obtenidos en materia de condenas y decomisos de bienes productos del lavado de activos", analizó Misa.

"Ahora bien, más allá de lo negativo de un nuevo cambio en la competencia, sin lugar a dudas parecería ciertamente inconveniente aplicar una receta que no funcionó en el pasado y que por ello se aprobó su cambió", cuestionó.

Francisco Flores/Archivo El Pais

"Cabe poner de manifiesto además, que todo lo antes referido fue destacado por los más de 200 funcionarios de entidades públicas y privadas con competencia en la materia que participaron de la última Evaluación Nacional de Riesgos (aprobada en el año 2023), en donde se dijo lo siguiente: 'asimismo, las sucesivas modificaciones operadas a través de los años en materia de asignación de competencias para las investigaciones por lavado de activos han impactado en la efectividad del sistema. La creación de la nueva Fiscalía especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con sede en Montevideo es una medida positiva'", recordó.

Para Misa "es evidente que la Fiscalía Especializada tiene grandes oportunidades de mejora, pero seguramente sería mucho más provechoso intentar apoyar su perfeccionamiento, que eliminarla y volver al régimen de competencia general que atenta contra el principio de especialización y que quedaría desfasado una vez más con el funcionamiento del Poder Judicial (a través de los Juzgados del Crimen Organizado)".

"No pueden caber dudas acerca de que la especialización de los funcionarios encargados de la prevención y sobre todo del combate al lavado de activos, es la única receta posible para el éxito, ya que resulta fundamental tener técnicos formados, con experiencia, que trabajen de forma permanente intercambiando información de forma segura, bajo el liderazgo de una Fiscalía Especializada que los apoye y dirija en esa tan difícil tarea", concluyó.