Con una regularidad digna de mejor causa, el gobierno viene pisando una cáscara de banana cada par de semanas.
La Sra. Cairo, otra señora, Koch, en la ANP, el presidente rumboso de Colonización y ahora, un triplete: la designación de las Sras. Ache y Argimón como embajadoras y el cierre de la Biblioteca Nacional (como para conmemorar El Día del Libro). Es de não acreditar, diría el amigo Lula da Silva.
Lo de la Biblioteca Nacional parece ser otro caso de un garrón que se come el presidente por no saber a quién designa (o le designan), para cargos de gobierno. Pero lo de ofrecer embajadas no tiene excusa de ignorancia posible. Era obvio que levantaría polvareda.
Cosa que no le sirve al gobierno. ¿Para qué introducir irritantes cuando tiene situaciones complejas que debe negociar?
No juzgo a las candidatas. No es el tema. Tampoco estoy adentro de la cocina. Ignoro si hay razones, (políticas o de las otras), que puedan defender esos nombramientos.
Pero aún suponiendo que las hubiera, ¿cómo se le ocurre al gobierno poner el gato arriba de la mesa justo ahora? ¿Con todos los problemas que tiene y los que seguro vendrán con la discusión del Presupuesto?
Añado, de paso, otro factor de difícil comprensión: hace meses el gobierno anunció la designación de otros tres embajadores, de carácter político: Diego Cánepa a Buenos Aires, Juan R. Ferreira al Vaticano y Rodolfo Nin Novoa a Brasilia: ¿no se percató el gobierno, que sumar a las dos señoras, seguramente le complicará el apoyo del Senado a los tres primeros?
Todo este catereté me lleva a volver sobre un tema, muy relevante, pero para cuya comprensión y apoyo no he tenido éxito: el retorno de los Acuerdo Ministeriales.
Fueron durante décadas el mecanismo central de gobierno y istración del Uruguay.
Basado en el art. 149 de la Constitución (“El P.E. será ejercido por el Presidente… actuando con el Ministro o Ministros respectivos…”) el Acuerdo consistía en la reunión semanal, formal y fija, del Presidente con cada uno de sus Ministros, participando el Secretario de la Presidencia y, con frecuencia, el Director de OPP. Cumplía varias funciones.
Para empezar era la oportunidad en que el Presidente firmaba -o no- los proyectos de Decretos y Resoluciones enviados con anticipación por el Ministro respectivo y revisados previamente por Secretaría.
Daba oportunidad al Presidente para preguntar sobre el asunto y manifestar su opinión. Con frecuencia, si se trataba de iniciativas que implicaran costos, se consultaba a OPP y, si fuera necesario, al Ministerio de Economía. Eso achica las tentaciones de los jerarcas a ser creativos con la plata del Estado (por ejemplo, comprando estancias).
Adicionalmente, era la oportunidad para que el Presidente pudiera medirle el aceite al ministro, haciendo el seguimiento de los temas planteados en acuerdos anteriores y, a su vez, para que el ministro tuviese la atención exclusiva del Presidente.
Todo eso se perdió en la primera istración del Dr. Vázquez, quien suprimió los Acuerdos, pretendiendo superarlos por aquellas fonoeléctricas del gobierno al Interior.
Ningún gobierno posterior reinstauró el mecanismo de Acuerdo semanal, fijo.
Si hubieran existido, se habrían evitado varias pifias.
También hay que señalar -como factor atrás de aquellas- que se ha desvirtuado el rol del Secretario de la Presidencia.
Su responsabilidad principal es la de proteger al Presidente de las cáscaras de banana, producto que abunda en los vericuetos burocráticos de los gobiernos.
Hoy -no lo inventó este gobierno- el rol del Secretario de la Presidencia s e desquició. Agudizado por el invento de designar para el cargo a personas consagradas como delfines presidenciales.
Así, el Secretario de la Presidencia aparece en todos los tablados, opinando sobre todos los temas (como la compra de campos por Colonización), mientras que el Presidente va de garrón en garrón, sin alguien que le cuide las espaldas.
Por último, el mecanismo de los Acuerdos sirve también como señal de alerta para el Ministro de Economía, que puede ser advertido, por el Secretario o por OPP, de iniciativas “imaginativas” antes de que obtengan la firma del Presidente.
En suma, si el Presidente quiere parar el corso que se le ha desatado, haría bien en revisar la idea del “gobierno por camioneta” (el actual sustituto del Acuerdo Ministerial) y volver al viejo y probado método.