Redacción El País
Es una trama judicial pero con ramificaciones sindicales y políticas, porque los principales involucrados, primeros condenados por la maniobra, pertenecían al gremio de trabajadores de la construcción, y porque señalaron un presunto desvío de fondos hacia una de las principales agrupaciones partidarias del país.

La investigación por el desfalco en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), al que aportan obreros y empresarios, tiene en vilo a integrantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

En esta nota repasamos algunas de las claves de la investigación.

Las gremiales empresariales y el sindicato de la construcción tienen varios fondos a los que aportan conjuntamente y que resultan en beneficios para los trabajadores del rubro. Uno de ellos es el Fosvoc, que se creó en 1967 y que tiene el objetivo de ayudar a los obreros en la adquisición, construcción o reforma de su casa.

El fondo está istrado por una comisión que integran representantes del Sunca y de los empresarios y se financia con el aporte que hacen los trabajadores con el 0,025 % de su salario y un importe de igual monto de la patronal.

Este jueves la Justicia condenó, tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía, a Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, exintegrantes del Sunca que aceptaron ser culpables de los delitos de apropiación indebida, asistencia al lavado de activos, estafa y asociación para delinquir. Cumplirán penas de poco más de dos años de cárcel.

Los tres fueron beneficiarios de transferencias irregulares realizadas desde el Fosvoc.

Foto: Archivo El País

La denuncia fue radicada a fines de enero de este año, tras detectarse en diciembre pasado que una empleada que trabajaba en el fondo desde hacía 20 años había hecho transferencias para las que no tenía autorización. La maniobra fue advertida por otra funcionaria que suplió a la denunciada cuando esta se fue de viaje para someterse a una intervención quirúrgica.

La mujer denunciada era la encargada de pagar los sueldos, pero no debía realizar ningún otro tipo de pagos. Sin embargo, tenía irrestricto a la cuenta de EBrou del fondo. En la investigación se concluyó que hizo 193 transferencias irregulares por un valor total de $ 35.627.581 y US$ 17.500, según se argumenta desde la Fiscalía.

Además de las transferencias bancarias, había otras maniobras delictivas. Una de ellas refiere al uso de las "partidas especiales", que son aquellas que se utilizan para los trabajadores que sufrieron, por ejemplo, incendios en sus casas, o atraviesan un problema de salud. Este beneficio no es reembolsable. Según la Fiscalía, en 2023 se presentaron 43 solicitudes para esta partida y "solo tres correspondían a s que existían". Los otros 40 "literalmente no existían en el mundo y mucho menos eran afiliados al Sunca".

La otra maniobra se realizó utilizando como pantalla las "partidas espejo". Estas se destinaban a ayudar a organizaciones sociales seleccionadas tanto por los representantes empresariales como por los sindicales. Estas organizaciones o fundaciones presentaban recibos de sus gastos y, eventualmente, Fosvoc autorizaba una partida para compensarlos.

Tras la auditoría que se realizó, se encontraron cuatro operaciones que generaban dudas. El beneficiario era el mismo en todas: una cooperativa educativa. Algunos cheques que debían ir a ella fueron retirados por uno de los condenados. Otro retiró un cheque a nombre de una persona que no existía.

Foto: Archivo El País.

Fueron la Cámara de la Construcción y el Sunca, en representación de la Comisión a Fosvoc, quienes presentaron una denuncia ante la Fiscalía cuando comenzaron a detectar irregularidades.

Además, en el Sunca se decidió hacer una investigación interna y ya son nueve los presuntos involucrados que fueron expulsados del sindicato, entre ellos los tres condenados.

Los condenados han declarado ante la Fiscalía que, si bien asumían su responsabilidad, la maniobra tiene vinculaciones con el PCU y el Sunca —sindicato en el que la agrupación mayoritaria tiene un vínculo con la organización comunista.

El fiscal Gilberto Rodríguez, quien lleva adelante la investigación del caso, dijo en rueda de prensa tras la audiencia del jueves que "en principio aparece de manera bastante sólida, consolidada, que parte de ese dinero", aunque no se sabe qué porcentaje, "iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca".

Y como los condenados mencionaron posibles responsabilidades de los legisladores comunistas Óscar Andrade y Daniel Diverio, otrora importantes dirigentes del Sunca, el fiscal dijo que analiza citarlos para que declaren, aunque de momento no habría necesidad de pedir sus desafueros.

El abogado de Fosvoc, Óscar López Goldaracena, quien algunas legislaturas atrás fuera senador suplente por el lema que lidera el PCU, dijo que de momento "no hay pruebas" que vinculen a la organización sindical ni a la partidaria, y que aún resta saber "si son ciertas o no las declaraciones de los imputados".

La mención del fiscal Rodríguez fue oída por el senador Andrade, que en diálogo con TV Ciudad manifestó que tiene "mucha tranquilidad". "Encantado de ir citado", señaló, aunque luego agregó: "Puedo ir citado diez veces a la Justicia, lo que no va a haber es lo que no puede haber, medio gramo de prueba de tener algo que ver con esta matufia".

También dijo poner "las manos en el fuego" por Diverio.

Por otro lado, agregó que "cuesta entender, parece muy extraño, que si el sindicato estuviera vinculado al desvío de fondos, haya tomado esta decisión" de presentar una denuncia junto a la parte empresarial que también forma parte del Fosvoc.

"En teoría la trama la arma el Sunca y decide denunciar. ¿Alguien puede explicar esto razonablemente?", preguntó.

Según supo El País, la pata empresarial de Fosvoc fue quien informó al Sunca que realizaría la denuncia luego de detectar las irregularidades. Ante esto, el sindicato sugirió hacerla de forma conjunta, a lo que los empresarios accedieron.